"Esta reforma es una intervención radical en las relaciones laborales", advirtió el secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO), Ignacio Fernández Toxo.

“Es una enorme atropello porque ha sido un debate unilateral”, agregó su homólogo de la Unión General de Trabajadores (UGT), Cándido Méndez, en una conferencia de prensa ofrecida por ambas centrales.

La primera cita en el calendario de “movilizaciones ascendentes” es el próximo 19 de febrero, para “marchar en toda España” contra una reforma que “facilitará y abaratará el despido y que permitirá a las empresas una rebaja general de sueldos”.

El 29 de febrero también se movilizarán los trabajadores en el marco de la “jornada de acción europea” de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en protesta contra las recetas fondomonetaristas que está aplicando la Unión Europea (UE) para salir de la crisis económica y de deuda.

Por el momento no amenazan con una huelga general, aunque la posibilidad de dar ese paso dependerá de “la evolución de los acontecimientos y el grado de indignación de los trabajadores”, indicó Méndez.

En sus casi ocho años al frente del gobierno español, el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero sólo afrontó una huelga general el 29 de septiembre de 2010, que no paralizó por completo el país y que fue convocada también contra la reforma laboral.

Recientemente, el propio Rajoy, en una conversación informal captada por un micrófono abierto en su estreno en Bruselas, afirmó que la reforma laboral le iba a "costar una huelga general".

Según Toxo, la reforma del gobierno parece escrita "por la pluma" de la patronal, CEOE. “Abarata, facilita y desjudicializa el despido. Es brutal”, subrayo.

Asimismo, Toxo consideró que estos cambios están "impuestos" por el FMI (Fondo Monetario Internacional), el BCE (Banco Central Europeo), Alemania y Francia.

España "parece una democracia vigilada" denunció, para luego añadir: "La reforma puede acelerar la destrucción de empleo”.

Por su parte Cándido Méndez apuntó que la reforma es “inútil y desequilibrada” y supone un "desmantelamiento" del derecho del trabajo.

Según explicó, la reforma generaliza en la práctica el “despido único” de 20 días, ya que invierte la carga de la prueba y los trabajadores tendrán que demostrar el despido es improcedente.

La nueva reforma del mercado laboral español, decimosexta de la democracia, llega en medio de un desempleo histórico, que afecta a 5,4 millones de persona, el 22,85% de la población económicamente activa, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Por medio de un decreto ley, publicado hoy en el Boletín Oficial (BOE) y que deberá ser convalidado por el parlamento, el gobierno de Rajoy introduce una reforma que permite despidos más fáciles y más baratos en España, y que abre la puerta a una rebaja general de sueldos.

Este último punto no fue explicado ayer por el gobierno, que centró su presentación en las medidas de fomento a la contratación que incluye la reforma.

Pero según puede leerse en el texto de la reforma, los empresarios podrán bajar el sueldo a los trabajadores –la “cuantía salarial”- sin necesidad de acuerdo simplemente por “razones económicas, técnicas, organizativas o de producción”, y relacionadas con la “competitividad o productividad”.

En cuanto al abaratamiento del despido, la reforma eliminó el contrato con indemnización de 45 días por año trabajado hasta 42 meses en los despidos improcedentes, con lo que a partir de ahora regirá un único contrato de 33 días de indemnización por año y hasta un máximo de 24 meses.

Pero también la norma facilita el despido más barato, con una indemnización de 20 días por año trabajado con un límite máximo de 12 meses, en los casos justificados al simplificar los motivos por los que las empresas en crisis pueden prescindir de sus empleados, como una caída de ventas durante nueve meses consecutivos.

Uno de los puntos centrales es que la ley suprime la supervisión de la autoridad laboral (Ministerio de Empleo) en los despidos colectivos, los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo), lo que reduce la posibilidad de los sindicatos de negociar despidos improcedentes, con una indemnización más alta.