El pasado día 7, la comisión encargada de redactar el borrador de una nueva Carta Magna terminó sus trabajos, centrados en poner fin al monopolio del gobernante partido Baaz y en abrir el sistema político al multipartidismo.

El borrador de la futura Constitución siria pone límite al mandato del presidente de la República, que será de siete años, y que solo podrá ser renovable por otro más consecutivo, según la televisión oficial.

En declaraciones a la cadena, un analista explicó que el mandato actual del presidente Bachar al Asad, que acaba en 2014, no contaría, por lo que el actual jefe de Estado podría presentarse a los comicios de ese año y, si es reelegido, concurrir a las elecciones siguientes.

Ello supondría que Al Asad, de 46 años, podría permanecer en el poder hasta el año 2028, cuando ya habría cumplido los 62 años.

El texto también dispone que tras ese plebiscito se celebrarán elecciones legislativas tres meses después.

La televisión siria adelantó que el primer artículo del borrador estipula que el país "es un Estado democrático con soberanía total, por lo que es inaceptable dividirlo y no puede renunciar a ninguno de sus territorios".

Siria tiene un "sistema que se basa en el pluralismo político, donde se practica el poder democráticamente a través de la votación", agrega el documento, en el que se prohíbe la formación de partidos religiosos.

Además, establece que la religión del presidente de la república es el islam y que la jurisprudencia musulmana es la fuente principal de la legislación.

Aun así, "el país respeta todas las religiones y garantiza la libertad de credo, y los asuntos personales son protegidos", indica el texto.

La Carta Magna reconoce que "la libertad es un derecho sagrado" y que el Estado debe garantizar la de los ciudadanos, y proteger su dignidad y seguridad.

El borrador se compone de 157 artículos divididos en seis capítulos, que según la televisión siria, son el fundamento de los derechos y libertades, además de recoger los principios para la aplicación de la ley y determinar los poderes del Estado y del Tribunal Constitucional.

Esta medida forma parte de las reformas anunciadas por el régimen para aplacar las protestas que estallaron en marzo de 2011 y que han derivado en una espiral de violencia que ha causado más de 5.000 muertos, según los últimos datos de la ONU, ofrecidos en enero.