El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz admitió a trámite una demanda presentada por la Fiscalía del tribunal contra los propietarios y principales gestores de la compañía turística, cuya quiebra dejó una deuda acumulada superior a los 600 millones de euros y miles de damnificados.

El magistrado citó a Pascual para declarar el próximo 21 de febrero, mientras Díaz Ferrán deberá acudir al día siguiente, según el escrito al que tuvo acceso la agencia Télam.

También está citado el último director general de la empresa turística, Iván Losada, que indirectamente administraba otras empresas bajo el paraguas de Marsans, como la aerolínea Air Comet o la cadena hotelera Hotetur, en otras.

Además, el ex directivo era representante de la sociedad Posibilitum Business, propiedad del empresario experto en quiebras Angel de Cabo, que adquirió Marsans en junio de 2010, antes de declararse en concurso de acreedores.

El fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos acusa a todos los imputados de provocar el vaciamiento patrimonial de la empresa, en perjuicio de unos 4.706 acreedores de la compañía.

Según su denuncia, "los responsables de la agencia de viajes se apropiaron indebidamente de las cantidades entregadas por los clientes para la adquisición de pasajes", que siguieron vendiendo a pesar de que la empresa era insolvente y estaba a punto de quebrar, un delito tipificado en el artículo 252 del Código Penal, remarcó el fiscal.

En 2009, el mismo juez Pedraz archivó una demanda presentada por asociaciones de consumidores contra los directivos de Marsans por haber vendido pasajes, concretamente de la aerolínea Air Comet, que pertenecía al grupo, cuando la empresa ya estaba en quiebra.

El grupo Marsans se encuentra en concurso de acreedores, y está pendiente de ser liquidada.

Para el próximo mes se espera una resolución del juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, sobre si los ex propietarios y directivos son culpables de haber retrasado la presentación del concurso de acreedores.

En noviembre de 2010, la titular de este juzgado decretó un embargo preventivo de los bienes de Díaz Ferran y Pascual por un valor de 417 millones de euros, al apreciar indicios de delito.